El Poder Ejecutivo nacional proyecta enviar antes de fin de año la reforma del Código Penal al Congreso con el objetivo de posicionar la agenda de seguridad de cara a las próximas elecciones presidenciales. Desde la Casa Rosada confirmaron que la iniciativa se presentará como un texto conjunto y descartaron la posibilidad de dividirla en proyectos fragmentados.
Las negociaciones internas continúan para definir el alcance definitivo del articulado y cerrar las diferencias entre el Ministerio de Justicia y los equipos de revisión jurídica. Una de las opciones con mayor peso consiste en reducir a la mitad la extensión de la propuesta original para consensuar un texto intermedio que reemplace al código actual.
El borrador contempla un incremento de las penas para diversas modalidades de robo y hurto, además de incorporar agravantes cuando se utilicen vehículos para facilitar el delito o la huida. También se prevén sanciones específicas para determinadas actividades de cuidacoches y para el uso de sustancias destinadas a anular la voluntad de las víctimas.
En materia de legítima defensa, el proyecto establece una presunción favorable hacia quien se defiende ante la falta de certeza sobre el medio empleado y amplía la protección en el ámbito domiciliario. Asimismo, se fijan cambios en los plazos de prescripción para los delitos graves y se suman nuevas disposiciones sobre seguridad penitenciaria y fraude.