Un grupo de 18 jueces de Garantías y de Ejecución Penal de la provincia formalizó un reclamo formal ante el Superior Tribunal de Justicia para exigir la inmediata equiparación presupuestaria y salarial con los magistrados que integran los tribunales de Juicio y de Revisión. La presentación institucional ingresó tras dos pedidos previos realizados en mayo de 2025 y febrero de 2026 que no obtuvieron respuesta.
El planteo señala una desigualdad salarial interna dentro del fuero penal a pesar de la implementación de la Ley Provincial 6.518, que estableció el sistema procesal acusatorio. Según explicaron los magistrados, el código vigente coloca a todos los jueces penales en un plano de igualdad funcional, pero el escalafón judicial mantiene la estructura anterior a la reforma.
En la práctica, los jueces de Tribunal Oral perciben haberes correspondientes a la clase 103, mientras que los jueces de Garantías y de Ejecución permanecen en la clase 107. Los firmantes sostuvieron que esta brecha resulta incompatible con la carga de trabajo diaria y detallaron que el ochenta por ciento de los legajos penales de la Provincia se resuelven durante la etapa preparatoria bajo su intervención.
El documento también incluye cuestionamientos hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo por la falta de actualización de las leyes orgánicas del sector y por mantener remuneraciones regidas por una normativa de 1984. Los magistrados solicitaron que el máximo tribunal provincial disponga una adecuación provisoria de categorías mientras la Legislatura trata las modificaciones correspondientes.