Los registros recientes sobre el comportamiento de los precios encendieron las alarmas en torno al poder de compra de las familias. Durante septiembre, la inflación interanual en territorio español alcanzó el 4,9%, impulsada principalmente por el incremento en los costos energéticos derivado de los conflictos bélicos en Ucrania y zonas de Medio Oriente. Los combustibles acumulan un aumento superior al 21% en lo que va del año, mientras las proyecciones advierten sobre una profundización de la crisis ante restricciones comerciales internacionales. Este fenómeno, que dejó atrás su caracterización transitoria, impacta de lleno en el plano social y político. Para amortiguar el golpe sobre los sectores más vulnerables, la actividad agropecuaria y el transporte, el Ejecutivo español prorrogó un paquete de medidas de asistencia que incluye reducciones impositivas en combustibles y contención en las tarifas de gas. No obstante, estas medidas suman un costo fiscal acumulado de 12.000 millones de euros, limitando el margen de maniobra del Estado. A la presión sobre los productos básicos se suma la problemática habitacional y el temor de las autoridades monetarias a una propagación de las subidas hacia los salarios y servicios. Esto podría derivar en nuevas alzas en las tasas de interés, elevando la carga financiera sobre las hipotecas familiares en la antesala de los próximos procesos electorales.
Fuente: La Nación