El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley con el objetivo de provincializar la traza del Corredor Belgrano e incorporarla formalmente a la red vial de Corrientes. La iniciativa surge en medio del diferendo judicial por la concesión de la ruta y apunta a concentrar la titularidad en el Estado provincial. El fiscal de Estado, Horacio Ortega, indicó que la medida responde a una decisión del Ejecutivo provincial sobre un plan que ya se analizaba desde el punto de vista técnico. De aprobarse la normativa en el parlamento local, el tramo que va desde la rotonda de acceso hasta el puente pasará a formar parte del dominio público de la Provincia. La decisión se conoció tras una audiencia con representantes del Gobierno nacional y de Vialidad Nacional. En ese ámbito, y ante la presentación del proyecto legislativo por parte de la delegación correntina, las partes acordaron suspender las actuaciones judiciales por un plazo de 60 días. Desde la Fiscalía de Estado explicaron que la incorporación de la traza a la jurisdicción correntina fortalece la posición jurídica en los tribunales y otorga mayor legitimidad al reclamo en curso. Asimismo, señalaron que esta unificación permitirá superar la intervención fragmentada que hasta ahora mantenían la Provincia, el municipio y la Defensoría del Pueblo. La centralización de la titularidad posibilitará además la firma de convenios interjurisdiccionales entre la administración provincial y la comuna, los cuales establecerán los esquemas para el mantenimiento, la explotación y la distribución de los ingresos que genere el corredor. En relación con la readecuación económica del peaje y las gestiones vinculadas a las ofertas en curso, el organismo provincial precisó que esas negociaciones son conducidas de forma directa entre el mandatario provincial y el Poder Ejecutivo nacional, mientras que la Fiscalía ratificó la postura legal del Estado mediante el envío de cartas documento a todos los oferentes del proceso licitatorio para advertirles sobre la continuidad de los reclamos judiciales.
Fuente: El Libertador