El Gobierno nacional proyecta enviar al Congreso antes de fin de año la reforma del Código Penal para instalar la seguridad como uno de los ejes centrales de la agenda política. La iniciativa se presentará como una propuesta conjunta y se descartó la posibilidad de dividir el texto en varios proyectos independientes.
Entre los principales puntos del borrador se contempla un incremento de las penas para distintas modalidades de robos y hurtos, además de incorporar agravantes cuando se utilicen vehículos o sustancias para anular la voluntad de las víctimas. El texto también prevé cambios en las reglas de legítima defensa y modificaciones en los plazos de prescripción de los delitos.
La propuesta legislativa incluye además un endurecimiento general del régimen penal para el narcotráfico, sanciones más severas por el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles y nuevas figuras penales vinculadas con delitos contra menores. Las autoridades nacionales buscan cerrar las discusiones técnicas pendientes para definir el texto definitivo que ingresará al parlamento.